BUENOS AIRES.- La cátedra le asignaba a la Presidenta sólo dos caminos para encarar el futuro económico: o profundizar el modelo -y chavizarse aún más- o jugar al estilo de Brasil y Uruguay -y actuar con mayor racionalidad para seducir al capital-. Pasado el trámite del 23 de octubre, Cristina Fernández parece haberse decidido por un mix, al mejor estilo Perón: darle un poco de poder a cada facción interna para tenerlas a todas con los pies dentro del plato. De allí que haya oscilado entre atender el consejo de los antimercado -avanzar contra la salida de dólares- y los de quienes aseguraron que un ajuste -siempre que no se note- ayudará a mejorar la confiabilidad -operación quita de subsidios-.
Hacia esa convergencia marchó Cristina, más allá de sus discursos, con una seguidilla de medidas económicas que trajeron gran desconcierto en varios frentes. En primer lugar, porque quedó brutalmente blanqueado el temor del Gobierno por el verdadero nivel de las Reservas y también por la importante profundización de los problemas fiscales, situaciones barridas bajo la alfombra por la elección. Luego, por cómo se encaró cada cirugía.
Los ciudadanos no deberían decir que fueron sorprendidos por estas revelaciones, salvo los K más acérrimos, que pueden haber creído que la Argentina nadaba en un mar de abundancia. El resto sabía lo que se iba a venir.
Pero algo llamó la atención, sobre todo porque el kirchnerismo siempre se ufanó de haberle restituido al Estado el rol hegemónico de conductor y equilibrador de vidas y haciendas de personas y empresas. Primero, los funcionarios aplacaron las ansias de dolarización con manu militari que, bajo la fachada de perseguir el lavado de dinero, prohibió la comercialización de divisas. En ese momento, se explicó que un Gobierno legitimado en las urnas era el que decidía los controles y trabas; y los que no estaban de acuerdo serían considerados desestabilizadores.
Ante tanta demostración del poder de fuego del Estado, llamó la atención que para la quita de subsidios se eligiera abdicar de la supuesta función ordenadora, para dejar al cliente la determinación de decir quién quiere y quién no mantener el subsidio. Idea demasiado liberal para los estándares K.
En primera instancia, se apeló al marketing de poner a los ricos y famosos en situación de ser los primeros afectados por la guadaña justiciera del Estado. Pese a que aún hay demasiadas dudas, lo más concreto es que salvo en los glamorosos barrios porteños de Puerto Madero y Palermo Chico y en los countries de todo el país -donde habrá una eliminación directa y total desde enero-, la modalidad que fijó el Gobierno para retirar los subsidios a los servicios públicos al resto de la población del área metropolitana es similar a la mecánica del popular Juego del Millón, ya que le pasó a los usuarios la decisión de conservar el subsidio.
A partir de que se los convoque, cada uno deberá decir si necesita o no esa franquicia del Estado. Puede decir que no, por lo que se asumirá que quiere que se lo quiten. Pero si dice que sí debe saber que puede que se crucen sus datos con la AFIP y la Anses, que lo visite una asistente social o que su nombre aparezca en internet para que quizás algún vecino despechado lo acuse de ser un rico disfrazado.
Igualmente, que el kirchnerismo se decida por dar por buena la aceptación de los individuos es toda una novedad ideológica. Lo que podría parecer una gran desorientación de parte del Gobierno no es otra cosa que la sujeción a las leyes del marketing político, el verdadero mandamás de las decisiones oficiales para envolver el discurso y para ponerle aroma a rosas al fondo de la cuestión.
La trampa es transferir la culpa del dolor de bolsillo y también atender al frente interno, ya que ante la propia tropa y los aliados no es posible admitir que la necesaria adecuación de valores (por no decir tarifazo) tiene que ver con que el gasto se disparó y que disimuladamente y a los ponchazos se echa mano a la ortodoxia. Si se venden dólares habrá que decir que es una conspiración en marcha y si hay que aceptar que se trata de un ajuste, que sea porque los involucrados lo pidieron.
El largo listado del Boletín Oficial apunta a llenar de fondos a sectores que son la contratara de la poda de subsidios que se intenta hacer. Así, se entregaron fondos adicionales a Cammesa ($ 1.360 millones para abastecimiento de centrales termoeléctricas), a empresas de colectivos ($ 1.100 millones), a Enarsa ($ 1.025 millones para importación de combustibles), al transporte ferroviario privado ($ 350 millones) y al estatal ($ 226 millones) y $ 38,5 millones extra para el "Fútbol para Todos".
Entre esos fondos adicionales hay también una partida de $ 330 millones para Aerolíneas Argentinas, que en la semana estuvo en el ojo de la tormenta por la pretensión de los gremios de co-dirigir la empresa y por la búsqueda de las autoridades -consustanciadas con La Cámpora- de apoyos políticos que sustenten su cuota de poder. Y el espaldarazo les llegó nada menos que de la Presidenta, que mandó para atrás una orden de su marido para quitarle poder a los militares, volviendo a pasar la responsabilidad del control de los vuelos a la Fuerza Aérea.
Más allá del festival de gasto en el tema subsidios, el experimento de la prohibición de comprar dólares tuvo un correlato inesperado para los funcionarios actuantes (Ricardo Echegaray y Mercedes Marcó del Pont), tras la corrida que generaron ellos mismos entre los depositantes en dólares, con una salida del circuito de U$S 1.500 millones y una caída extra de las Reservas.
Este segundo grupo tiene de algún modo un líder emblemático: el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, casi un Superman de la burocracia que va sumando galones para el nuevo período constitucional. Ante la consideración presidencial lo ayuda mucho su gran capacidad de trabajo, su muy bajo perfil ante la prensa y la pasión que pone en la defensa de sus ideas. Lo que parece es que no conoce otra estrategia que la de meter siempre el elefante dentro del bazar.
El mito urbano en el que se convirtió Moreno dice que se pelea con todos los empresarios, que amenaza, que le temen y que su única manera de actuar es dar órdenes. El funcionario es una verdadera superestructura no demasiado transparente, pero todos los que trataron con él dicen que es honesto. Algunos le hacen caso de inmediato y otros lo escuchan un rato, lo dejan contento, porque saben que cuando se le pasa y se dedica a otra cosa ellos podrán hacer lo que les parece. La mayoría queda a la espera que les devuelva el favor.
Fue Moreno el participante principal de una especial batalla singular que le encomendó nada menos que Néstor Kirchner con el Indec, que realizó con tanta enjundia que las estadísticas nacionales se fueron a la basura. Para terminar de embarrarla, una encuesta de Cáritas Argentina y del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina sobre la pobreza puso el viernes el dedo en la llaga.
El estudio reveló que el porcentual de pobres en el Área Metropolitana es hoy al menos 20 puntos superior al que marcan las estadísticas del Indec (34,9% vs. 15,2%). Las diferencias son contundentes, y no sólo se dan en la capital federal (18,1 vs. 6,9%), sino en el Norte (35,8% vs. 16%), en el Oeste (42,3% vs. 20,1%) y en el Sur (40,9% vs. 17%) del Conurbano bonaerense (39,9% vs. 17,8%), lo que marca lo gelatinosa que es la información que difunde el Indec a partir de sus cálculos de Canasta Básica Total basados en sus amañadas mediciones de precios. Nadie le cree al organismo, pero Moreno no se achica.
Sin embargo, a la hora de caerle a quienes no dicen la verdad, bien vale la pena registrar que la jerarquía eclesiástica conocía esta información desde mediados de año y que no quiso difundirla antes de las elecciones para que no tenga connotación política. Seguramente, los obispos saben que no haberla hecho conocer también tiene connotación política, porque en todo caso mucha gente votó engañada por esa particular omisión, lo que también es una forma de mentir.
Aclaración: la cita "los medios opositores son los que incitan a la compra de dólares y si logran conseguir que lo haga una masa importante (de compradores) llevarán al país a una recesión" que por un error involuntario esta columna atribuyó hace dos semanas a Ricardo Gerardi, economista de la UBA, de la Universidad de General Sarmiento e integrante del Plan Fénix no le pertenece al mencionado académico, sino al profesor de ambas casas de estudio, Ricardo Aronskind.